Propuestas para mejorar las administraciones públicas desde la ciudadanía,

 

 y con ello, impulsar la mejora de la sociedad en general

 

Quiero empezar como quiero terminar este documento. Consideradlo como una invitación a pensar sobre el presente y futuro de la Administración Pública. Me he basado en opiniones e ideas surgidas en el desarrollo de mi trabajo en la Administración. Así mismo, he recopilado distintas ideas disponibles en internet que se refieren a esta cuestión.

 

Debe quedar claro que no he pretendido agotar el tema, sino fomentar el debate y la reflexión colectiva. Seguro que me he dejado muchos aspectos que merece la pena considerar, y así mismo, algunas de mis opiniones podrán ser consideradas fallidas, y espero que aparezcan nuevos avances que marquen tendencias para la mejora de la Administración Pública y para la sociedad en general.

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Ante el reto de mejorar la sociedad, mi anterior plancha fue dedicada a los políticos, intentando expresar mi opinión respecto a la necesidad social que los políticos inspiren confianza y que se caractericen por su honorabilidad, conocimiento, responsabilidad y sentido común.

 

Para ello, indicaba, que es preciso que la propia sociedad establezca unos límites y unas herramientas que permitan garantizar el adecuado cumplimiento de sus cargos y la vuelta a los cauces de entendimiento y de negociación buscando el bien colectivo, eso sí, contando con una herramienta para facilitar innovaciones de gran calado, como es el apoyo de la tecnología y la importancia de adoptar una actitud ciudadana adecuada.

 

En este sentido, consideraba que es de gran importancia modificar nuestra actitud, no podemos permitirnos adoptar actitudes pasivas de simples espectadores o comentaristas del desastre que se cierne sobre nuestra sociedad. Cada uno de nosotros somos capaces de influir en pequeños aspectos que pueden hacer que nuestra sociedad no vaya a la deriva, y no sé si afortunadamente o desgraciadamente, apuntaba distintas soluciones para conseguirlo.

 

En esta Plancha, que continúa con la temática de la anterior, en lugar de hablar de los Políticos, trataré de las Administraciones Públicas, a las que considero tan responsables (o más) de la situación social en la que nos encontramos.

 

Resulta muy curioso que por lo general se señala a la Política como origen de los males de la sociedad, y en cierta manera, se tiene razón. Se resalta la problemática de la corrupción política, del despilfarro promovido por los políticos, de la irracionalidad de determinadas decisiones políticas, pero… hemos de ser conscientes que la corrupción se encuentra “establecida” en todos los niveles sociales, y que ésta es posible a través de las Administraciones Públicas. Aún más, debemos de hablar también de “podredumbre” en las administraciones, que si bien no canaliza los recursos públicos en beneficio propio, sí que los despilfarra o impide una eficiente utilización de dichos recursos públicos.

 

Es más que manifiesto que la pereza de los legisladores faltos de reflejos tiene consecuencias sobre la falta de seguridad jurídica y el incremento de la incertidumbre ante los cambios que se avecinan. La indolencia ha hecho mella en el funcionamiento de nuestras instituciones, aletargadas plácidamente como si nada cambiara en su entorno. Mientras tanto, para los operadores del sector público, responsables, funcionarios y resto de empleados públicos, hacen frente a un escenario de dificultades aplicativas, que provoca desorientación, desánimo y dejadez.

 

De alguna forma, se propicia un caldo de cultivo para la corrupción y para la podredumbre en las administraciones, propiciado por una regulación normativa compleja y una pluralidad de actores que son incapaces de coordinarse en la implementación de las normas. Todo ello se acrecienta con la proximidad entre los actores políticos y económicos, así como con la falta de una perspectiva global basada en la interrelación e interdependencia entre todos agentes y sujetos que conforman nuestra sociedad.

 

Hemos de ser conscientes que los corruptos son como las cucarachas, sobreviven a todo. Saben buscar vías alternativas cuando ven a la banda diezmada y saben aprovecharse de las ocasiones que suelen brindar las malas leyes...

 

Volviendo a nuestro tema de reflexión,

 

Las Administraciones Públicas son un elemento clave para explicar la situación de crisis de la sociedad, ya que ejercen un liderazgo positivo o negativo en cuanto afectan a la visión y cultura ciudadana referente a las pautas de convivencia, de conducta y la actitud  hacia las necesidades sociales y hacia el progreso.

 

Por tanto, es preocupante la situación de las Administraciones Públicas, que muestran una apatía irresponsable, cubierta de medias verdades o medias mentiras. Ello repercute directa e indirectamente en la “cultura de nuestra sociedad”, y su “actitud” ejerce un “liderazgo” e “influencia” sobre la sociedad que requiere ser tomado en consideración por las consecuencias que tiene.

 

Tengo la sensación que estamos en un momento social de gran importancia, inmersos en una crisis “generalizada” que puede desembocar en cambios sociales no deseables. Por ello considero que cabe la pena realizar un esfuerzo a favor de que estas Administraciones Públicas puedan convertirse en referentes sociales en el fomento de las ideologías basadas en la democracia, así como referentes contra las amenazas totalitaristas y mercantilistas que se ciernen sobre nuestra sociedad.

 

La Administración pública carece de capacidad de reacción, ya que está atenazada por un modelo organizativo y por un sistema de gestión de sus recursos humanos totalmente obsoleto. Los desafíos del siglo XXI no pueden enfrentarse con un modelo conceptual propio del siglo XIX.

 

Pero estamos dormidos, y las Administraciones Públicas siguen con sus inercias, con sus tradiciones y sin ninguna expectativa de romper unas pautas culturales, institucionales y organizativas de carácter “inmemorial”, que pueden implicar su irrelevancia en la gobernanza. No se han dado cuenta que hemos superado la “sociedad del conocimiento” y que ahora estamos inmersos en la “sociedad del aprendizaje”, y eso requiere capacidad de adaptación.

 

En cierta medida hay que reconocer que se van produciendo cambios el la Administración, más bien impuestos desde las instituciones europeas que propiciados desde nuestras administraciones, tales como la normativa de procedimiento administrativo, la de contratos, la de transparencia, etc… que desgraciadamente dudo que su implementación en las administraciones españolas tenga el éxito deseado.

 

Al igual que en mi Plancha anterior, veremos que para el progreso de la sociedad es preciso una implicación de la ciudadanía como protagonista de los cambios necesarios, tanto en su propuesta, su diseño, en el control y seguimiento de los mismos y en su necesaria evaluación y análisis que aporte el conocimiento requerido para seguir avanzando.

 

Intentaré aportar algunas ideas al respecto en los análisis y reflexiones que presentó a continuación.

 

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Entiendo que la mayor parte de nosotros estaremos de acuerdo en la necesidad de reformar las administraciones públicas. Por ello, me atrevo a plantear en esta Plancha una serie de propuestas (factibles según mi punto de vista) para mejorar las administraciones públicas. Para ello, tras poner en contexto la realidad de las administraciones públicas, consideraré los siguientes puntos para estructurar las propuestas de mejora:

     a través de sus dirigentes

     a través de sus trabajadores

     a través de mecanismos de control externo

 

Tras ello, dejaré abiertas las conclusiones, desde el convencimiento que la Masonería debe actuar, dando una lección de valentía, de humanismo y de dignidad cívica, siempre útil y legítima en la época revuelta que nos toca vivir.

 

El qué, el quién, el cuándo y el cómo, entiendo que debería surgir de un proceso de reflexión entre todos, demostrando que la integración de opiniones desde el respeto y la tolerancia es uno de los motores del progreso.

 

Pasemos pues a poner en contexto la realidad de lo que deberían ser las administraciones públicas

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Entiendo que las Administraciones Públicas “deberían” de considerarse como el conjunto de entes encargados para gestionar y defender los intereses públicos, proteger los derechos y vigilar el interés general de la ciudadanía, centrados en la gestión y al control de las actividades que se desarrollan en el ámbito que abarcan los distintos poderes de los Estados.

 

Por tanto, deberían servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, fundamentando su actividad en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

 

Al mismo tiempo deben de consolidar y reforzar los “valores intangibles” que deberían ser característicos de las Administraciones Públicas, tales como su “reputación”, su “legitimidad”, su “marca”, su “capital intelectual y moral”, su “responsabilidad institucional”, su “compromiso”, y ante todo, la “confianza” de los ciudadanos en ellos.

 

Por tanto, dado que son unos instrumentos con los que se dotan los Estados para servir a sus ciudadanos, su eje de actuación debe centrarse en los ciudadanos, satisfaciendo sus  necesidades a través de mantener un nivel adecuado en los servicios sociales (educación, sanidad, seguridad ciudadana, defensa, medio ambiente, etc), y desarrollar infraestructuras y redes económicas de progreso, acordes con la realidad social, etc.

 

Desgraciadamente, las Administraciones públicas no pueden asegurar el trabajo, unas retribuciones dignas, la vivienda, las prestaciones sociales e incluso la seguridad a una sociedad cada vez más temerosa y crispada. La impotencia de la política y del Estado revierte de manera muy negativa en la Administración pública ya que su sentido reside en la fuerza del poder político. Por otra parte, los escándalos de corrupción deterioran significativamente su legitimidad.

 

En la actualidad se pueden apreciar dos planteamientos divergentes para establecer las funciones de la Administración Pública

 

Por una parte, estamos personas que consideramos que las Administraciones Públicas deben orientarse a ofrecer servicios públicos de calidad a los ciudadanos, fomentar el desarrollo de la sociedad, resolviendo los problemas existentes, fortaleciendo las capacidades para enfrentarse al futuro, respondiendo a las demandas de la sociedad mediante la búsqueda de su bienestar y la mejora de las condiciones de progreso.

 

Por otra parte, se manifiesta cada vez con más intensidad (debido a la politización que sufren), el criterio “político-partidista” que propugna que las Administraciones Públicas se deben de orientar al beneficio de la parcialidad política gobernante; dado que lo que es “bueno” para un gobierno/partido no tiene que serlo para la sociedad en general.

 

Es por tanto manifiesto que el concepto y la realidad de las Administraciones Públicas está en “crisis”, dado que éstas no inspiran confianza a la ciudadanía, debido a que su gestión (realizada por políticos) no se está ajustando a los requisitos y expectativas que son requeridas en las sociedades avanzadas.

 

Al mismo tiempo, decisiones discutibles, la inacción cuestionable o actitudes inadecuadas desde las Administraciones Públicas están minando la legitimidad del sector público, al igual que se está incrementando la insatisfacción de los ciudadanos ante la burocracia, rigidez y lentitud de los servicios públicos.

 

Si a ello añadimos el “desembarco” de políticos en las Administraciones Públicas, donde ejercen  labores directivas y ejecutivas (sin la suficiente preparación para ello), e incluso ocupan puestos de niveles reducidos, provocado una excesiva politización de la Administración y un detrimento técnico que ha motivado el deterioro y desprestigio de las propias instituciones públicas y de los servicios públicos que prestan a la ciudadanía.

 

Por otra parte, es incomprensible para mí que las Administraciones Públicas presenten en la actualidad un modelo organizativo y de gestión totalmente obsoleto, con una falta clara de definición de competencias, de aptitudes y de actitudes, de una carrera administrativa con unas tablas retributivas insensatas y que residen en una burbuja “autista” y “autárquica” respecto al resto del mercado laboral. Todos percibimos la existencia de un gran número de funcionarios (en teoría muy inteligentes en base a las pruebas selectivas superadas) cuya actividad se reduce a percibir la nómina y permanecer en el centro de trabajo durante el horario establecido, sin que nadie evalúe su trabajo ni establezca objetivos para el mismo.

 

La administración española no gestiona adecuadamente el conocimiento. Es difícil, cuando no imposible encontrar memoria de los proyectos realizados, su identificación, su planificación, desarrollo y evaluación posterior. No hay documentación en los casos de éxito, y mucho menos de los que fracasaron. Tampoco de los que se abandonaron o nunca se realizaron. Escasean los ejemplos de cómo se hace, de buenas prácticas compartidas. Definitivamente, no está en la cultura administrativa documentar los proyectos desde su nacimiento hasta su evaluación final.

Sin que la innovación, las reformas administrativas y la implementación de la administración electrónica no sustituyen la práctica rutinaria de documentar y evaluar proyectos, no va a ser fácil evitar cometer los mismos errores del pasado. La informatización por sí sola no tiene respuesta para eso. Es preciso desarrollar las capacidades de análisis y aprendizaje en nuestras Administraciones Públicas, y por ende, en nuestra sociedad.

Es necesario una renovación de perfiles al servicio de la administración, para permitir desarrollar una adecuada gestión del conocimiento. Hay que evitar la ruptura de  los procesos de aprendizaje de la institución que conforman organizaciones que no aprenden. Una brecha enorme que amenaza con sumarse a la digital.


 

 

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Propuestas para mejorar las administraciones públicas a través de sus dirigentes

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Los puestos sometidos a la libre disposición (generalmente asociados a puestos directivos) se confunden por los políticos con puestos de libre cese sin justificación. De esta manera, se producen barridas especialmente en los primeros tiempos del cambio de partido en el gobierno; posteriormente la desconfianza política se relaja a medida que avanza la legislatura o hay un segundo mandato. Es decir, la dinámica no es realista, sino que se basa en un prejuicio del poder político.

Carecemos de estructura de dirección pública, con mecanismos de entrada, permanencia o salida basados en el mérito. En su lugar tenemos funcionarios que ocupan puestos directivos profesionales pero con criterios con frecuencia “caprichosos”. Quizá una de las razones que explican esta situación la podemos encontrar en la falta de interés de la clase política, que se siente más cómoda actuando con discrecionalidad sin tener que asumir una estructura directiva estable y profesionalizada.

 

Hay que alertar que en la Administración Pública sobran “jefes” y faltan “líderes”. La Administración carece de la figura de gestores públicos en su cuadro directivo. Vale cualquiera y generalmente lo que prima para su selección es su afinidad política, la cercanía personal o la pertenencia al mismo cuerpo. Sería interesante plantear una función directiva profesional que sea impermeable tanto a prácticas de politización como a las prácticas de burocratización y de “mando en plaza”.


La figura del directivo debería corresponderse con la de un líder con autoridad, que guía a la organización, genera equipo, aprovecha al máximo los talentos y sube al carro al personal con entusiasmo. Todo ello asumiendo toda la responsabilidad requerida.

 

Para ello, es preciso que en las Administraciones Públicas se planteen adecuadamente aspectos organizativos, definiendo los puestos de trabajo directivos, detallando las funciones de los puestos y requisitos para su cobertura, y se defina el perfil de competencias que se requiere para una gestión adecuada y eficiente en su desarrollo profesional.

 

Entiendo que la dirección de las organizaciones públicas requiere visión, experiencia y capacidad de análisis. Por ello la designación discrecional de la política en la dirección pública es un auténtico “peligro público”, pues carece de los tres atributos necesarios para dirigir bien cualquier organización. Es preciso seleccionar solo a personas que  acrediten las competencias profesionales necesarias (conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes) para ejercer funciones directivas, así como experiencia en el ámbito en el que va a desarrollar su gestión.

 

Hay que poner fin a la falsa creencia de que el hecho de ser funcionario habilita (o dota de ciencia infusa) para dirigir la Administración Pública.

Deberían de plantearse (al igual que con el estamento político) “contratos de gestión” para los niveles directivos que definan objetivos, establezcan indicadores claros de gestión y evalúen periódicamente las actuaciones y los resultados de la gestión del personal directivo.  Así mismo se deben de detallar las responsabilidades que se asumen, así como las causas que pueden suponer la remoción del puesto directivo.

 

Sería de interés vincular el mantenimiento en el ejercicio de las funciones directivas al correcto desarrollo de las mismas, o a alcanzar uno resultados determinados y acreditar unos estándares de conducta adecuados. En este sentido, el cese en cualquier puesto de directivo se produciría sólo por expiración del período de mandato o por no alcanzar los objetivos establecidos tras un sistema de evaluación.

En relación a la Profesionalización de la Dirección Pública

 

La búsqueda de la eficiencia administrativa debería desembocar en unos directivos profesionales plenamente capacitados, con una mínima dosis de estabilidad y una nítida responsabilidad sobre sus decisiones y actos. Entiendo que es preciso evolucionar hacia estructuras profesionalizadas en la Función Pública, flexibles por la adaptación a las nuevas necesidades y no por los vaivenes políticos.

 

No es fácil desarrollar un Sistema de Dirección Pública Profesional que interactúe con la política y con el sistema administrativo, en un país como el nuestro y con el “fardo (que no legado) político-institucional” que en estos temas nos acompaña desde siglos. Ello supone resistencias de los aparatos de los partidos políticos, incluso de un sindicalismo miope y de funcionarios altamente “corporativizados” en donde “el escalafón” sigue estando presente.

 

Todas las mejoras soñadas para la Administración Pública del tipo de gestión por objetivos y por proyectos, evaluación del desempeño, cuadros de mando, carrera administrativa, etc. pasan por la consolidación de una estructura con competencias claras, eficiente y estable.

 

 

 

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Propuestas para mejorar las administraciones públicas a través de sus trabajadores

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El empleado público en España, funcionario es aquella persona que desempeña un trabajo por cuenta ajena al servicio de la Administración Pública de España, a cambio de una retribución, y vinculada por una relación estatutaria regida por el Derecho Administrativo.

 

El acceso a la condición de funcionario de carrera se produce por nombramiento en función de criterios objetivos basados en el mérito y la capacidad, garantizados mediante la superación de un proceso selectivo, que requiere el cumplimiento de los requisitos de transparencia, imparcialidad, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y de las tareas a desempeñar, así como agilidad.

 

Los funcionarios no sólo gozan de derechos laborales semejantes a los de cualquier trabajador por cuenta ajena (aun con particularidades), sino que también posee un conjunto de derechos funcionales como consecuencia de su especial situación dentro de la burocracia administrativa pública, entre los que destaca el Derecho a la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera, que exige una justificación objetiva para una eventual destitución.

 

A ello hay que sumar que la dirección de los empleados públicos (política) no contiene el valor de propiedad y responsabilidad existente en la empresa privada, lo que provoca un exceso en las concesiones con el fin de evitar un conflicto social, que en la práctica han provocado situaciones en las que la eficacia y calidad de los servicios públicos se han visto muy perjudicadas.

 

La pérdida de la condición funcionarial es una situación infrecuente al requerir una  sanción disciplinaria de separación del servicio (perpetua) o la pena de inhabilitación para cargo público. Todo ello requiere un prolijo procedimiento que motiva su falta de aplicación, aún a pesar que cada vez es más manifiesta el nivel de corrupción y la desidia en las administraciones públicas.

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Es insensato que los empleados públicos del futuro sean seleccionados por sistemas memorísticos cuya eficacia se ha demostrado nula y nociva, con temarios que van a perder su vigencia en muy pocos años. En lugar de buscar el Talento para el desempeño de las tareas propias de los servicios públicos, los que acceden en la actualidad a la Función Pública “se alistan” en un contexto de cultura institucional y organizativa tan anticuado que castra de raíz todas sus potenciales capacidades y en pocos años los transforma en empleados anticuados, rutinarios y corporativos.

 

Es necesario vincular el mantenimiento en puestos laborales de funcionarios al correcto desarrollo de las competencias, de aptitudes y de actitudes, de una carrera administrativa, definidas en los necesarios modelos organizativos y de gestión de las Administraciones Públicas. O bien (según los puestos) por  alcanzar unos resultados determinados y acreditar unos estándares de conducta adecuados.

 

Es incomprensible mantener un sistema obsoleto basado en que los funcionarios públicos sean unos privilegiados, a las que no se les exija responsabilidad por su trabajo y que desmotive a los funcionarios que tienen capacidad y ganas para conseguir una sociedad mejor a través de su trabajo.

 

Es preciso promover la evaluación del desempeño de los funcionarios, como eje para facilitar su promoción, licencias o remuneraciones, favoreciendo laboralmente a quienes desarrollen su labor cuantitativa o cualitativamente mejor. Se requiere compensar a esa masa silenciosa de funcionarios que tienen visión institucional y de servicio público, frente a la clase “parasitaria” de los han optado por “sacar la oposición y no esforzarse nunca más”, o por anquilosarse en la rutina y el desinterés. Hay que extirpar de la Función Pública la corrupción y la podedumbre funcionarial.

 

Los funcionarios públicos deberían caracterizarse por cumplir adecuadamente los objetivos establecidos, y ante todo, por hacer que se produzcan los cambios requeridos para el desarrollo y progreso de la sociedad.

 

Hay muchos aspectos que pueden ser objeto de reflexión y que pueden motivar una mejora en la calidad del trabajo de los funcionarios, tales como por ejemplo:

 

     Trabajo por objetivos y no por tiempo de reloj

     Erradicar el conservador y costoso “siempre se ha hecho así” de los organismos públicos. Promover la innovación sistemática. Incorporar la tecnología en la gestión.

     “Aplanar” la estructura jerárquica.

     Democratizar y dotar de transparencia en las decisiones (Administración abierta).

     Realizar evaluación contínua y una monitorización de los empleados.

     Mantener dinámicas, marcadas por la constancia y perseverancia, orientadas a crear una Administración más ligera, flexible, profesionalizada, eficiente, centrada en el ciudadano y en la prestación de servicios públicos.

     Eliminar diseños de estructuras administrativas repitiendo servicios, duplicando esfuerzos y generando mecanismos y estructuras incompatibles. Eliminar estructuras fósiles.

 

Estas ideas “reformistas” tienen dos grandes enemigos tradicionales:

 

1.- Las autoridades que dan prioridad a su estabilidad y no desean lidiar fuentes de conflicto sobre la función pública (Los políticos siempre han considerado a la función pública como un problema y no como la solución).


2.- Los sindicatos que tienden a la aplicación de la mancha de aceite de la igualdad cuando se trata de mejoras para los empleados públicos y en armonía con su papel protector, tienden a minimizar las consecuencias negativas de las evaluaciones.

 

Ahondando en las mejoras posibles, quiero hacer referencia también a dos perfiles de funcionarios que deberían ser eliminados de las Administraciones Públicas: los funcionarios “tóxicos” y los funcionarios “mudos”.

 

Los indeseables “funcionarios tóxicos” son personas que nos complican la vida y que en lugar de sumar restan en la aportación laboral del colectivo. Reducen la producción más de un 50 por 100. Críticos sin límite, holgazanes, provocadores de tensión, logran que otros hagan parte de su trabajo y  sufran en carne propia su presencia. Destrozan la moral de los jefes y desestabilizan comportamientos, exasperando a todos y creando negatividad en su entorno

Son personas que en lugar de sumar, restan. Dañan el conjunto, porque desmotivan y frenan a los compañeros. Se trata de personas que complican la vida a los demás, instalados en la crítica permanente a todo lo que les rodea. Tipologías de funcionarios tóxicos hay muchas, pero destacan los “malos jefes”, los “quemados”, los “calientasillas”, los “inmovilistas”, los “políticos los en reserva”, los “nonistas", los “imprescindibles”, los “listillos” y los “trepas”, entre otras.

 

Es manifiesto que es preciso realizar unas adecuadas políticas de gestión de personal que eviten la existencia de estos perfiles tóxicos que tanto daño hacen, tanto a la propia administración como a los ciudadanos en general, más y cuando se ven “protegidos” y se “crecen” al pertenecer a la casta laboral de funcionarios apesebrados.

 

Por otra parte, el perfil de los funcionarios “mudos” se corresponde con aquellos que ante situaciones ilícitas o delictivas no son capaces de denunciarlas, aquellos que no son capaces de evitar que se produzcan dichas situaciones, aquellos que sus orejeras funcionariales no les permiten ofrecer a los ciudadanos la atención que se merecen, aquellos que ante normativas confusas no son capaces de promover su precisión y claridad.

 

Es manifiesto que los funcionarios tienen miedo a su legitimidad y a destacar en cuestiones que le pueden causar “problemas”, tal como denunciar a políticos o funcionarios malversadores o colaboradores….

 

En este sentido se requieren unas medidas efectivas para proteger y premiar a los funcionarios que destapen casos de corrupción que permitan la condena de los corruptos y eviten futuras tentaciones.

 

Así mismo, se debería escuchar y premiar a todas aquellas personas que propongan iniciativas viables que se traduzcan en la mejora de los servicios públicos que presta la administración.

 

….

En cuanto lo dicho en este punto, cabría una reflexión adicional

 

Los políticos consideran a la Administración Pública y a sus empleados como los “enemigos” que hay que combatir para poder poner en marcha los programas políticos. Es preciso que se articulen los mecanismos para que la Administración Pública sea considerada por los dirigentes políticos como un instrumento que hace posible el desarrollo de los proyectos políticos. Es decir, la Administración no es el obstáculo que impide hacer política, sino la herramienta que hace posible.

Es nociva para la sociedad la cultura política existente, que desconfía en los empleados públicos y en la maquinaria administrativa. Es manifiesta la ceguera política del clientelismo (o de la discrecionalidad), que ofusca cualquier decisión sobre los cambios o reformas en las AAPP, más y cuando es preciso enfrentarse a inercias conservadoras de carácter corporativo y sindical.

 

 

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3.- ¿Sería posible considerar mecanismos de control externo?

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Partiendo de la base que la soberanía reside en y fluye de los ciudadanos, que tienen el derecho colectivo a elegir sus sistemas gubernamentales, políticos y electorales. La autoridad del gobierno también se deriva de la voluntad del pueblo en la elección de estos sistemas, y la gente tiene derecho a formar parte de su gobierno. (Estos preceptos están plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en constituciones modernas del mundo entero).

Es así de simple, pero complicado a la vez. No puede haber democracia sin la participación de los ciudadanos. Este compromiso contiene un derecho  y una responsabilidad de los ciudadanos para establecer, desarrollar y sostener la democracia. Este compromiso ciudadano debiera perseguir el desarrollo económico, social, cultural y político, incluyendo el fomento y gestión de oportunidades, recursos y servicios para la sociedad.

Para ello, los ciudadanos deben disponer de información precisa y actualizada, ser informados objetivamente y poder informarse sobre temas que pueden mejorar sus vidas. Deben ser libres para unirse para expresar sus puntos de vista, sus preferencias y sus rechazos y opiniones. Es por eso que la "transparencia administrativa" es una necesidad para las democracias.

Los ciudadanos debemos ser libres para expresar nuestras opiniones sobre los procesos gubernamentales, la ejecución de las competencias de las administraciones y la gestión de los asuntos públicos; incluso estas opiniones deberían influir en las decisiones de nuestros dirigentes y en aquellos responsables de las distintas estructuras de las administraciones públicas.

Desgraciadamente, las barreras a la participación ciudadana son múltiples, sutiles y obvias, pequeñas y formidables, y basadas en numerosos factores. Hemos de ser conscientes que el avance de la tecnología supone derribar muchas de estas barreras, y ello implica establecer nuevas relaciones entre el poder y la ciudadanía. Al mismo tiempo, van apareciendo otras barreras que igualmente deben ser derribadas, ya sean de género, raza, étnia, religión, edad, ideología.... Si existen barreras para la participación ciudadana, los gobiernos no son creibles.

Siempre hemos defendido que la soberanía reside en el pueblo, pero no le hemos dotado de herramientas que permitan acceder a la información y conocimiento para realizar análisis de la situación… ni siquiera se han establecido mecanismos que posibiliten una comunicación fluida entre los ciudadanos y la administración.


Es por ello que el refuerzo de las políticas de integridad institucional y de cumplimiento de la normativa en el sector público, constituye una interesante opción para superar la grave crisis de legitimidad que han experimentado las instituciones públicas por la difícil situación económica y los numerosos casos de corrupción.

 

En este sentido, ha aparecido una figura en el sector privado que me resulta de interés y aplicabilidad en el sector público. Se trata una figura que hace referencia a “una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento de la normativa en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, de sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas”.

 

Por ello, considero de interés plantear que las Administraciones Públicas se doten de los mecanismos adecuados para evitar las desviaciones del cumplimiento normativo, precisamente porque deben ser ejemplarizantes en  términos de rigor y eficacia y no de mera apariencia. Es más que manifiesto que los mayores incumplidores de la normativa y de la legislación son las propias administraciones públicas, dado que es casi imposible que en los desarrollos normativos se planteen procedimientos sancionadores para la propias administraciones en caso de incumplimiento.

 

España se caracteriza por la existencia de múltiples mecanismos de control, pero en muchos casos son ineficaces debido a la falta de medios, pero también ineficaces debido a la incapacidad de adoptar medidas coercitivas que puedan suponer un incentivo a su cumplimiento.

 

Puede ser de interés incorporar una nueva figura de control existente en otros países: el “supervisor de cumplimiento”. Su papel debería ser de ámbito general en relación con la actividad de la entidad pública, y se corresponde con el “control externo e independiente”  de los “controladores internos”, de las decisiones adoptadas por los responsables y de los procedimientos administrativos y del desarrollo de la gestión de las competencias que tienen asignadas las administraciones públicas, sin que ello pueda ser considerado como una superposición de nuevos órganos de control.

 

Es preciso incentivar la colaboración en el ejercicio de las funciones de seguimiento y control, pero también es preciso articular un sistema de sanción frente a los incumplimientos que se detecten, pues sin sanciones proporcionadas no hay control efectivo (entiendo que no es preciso recordar órganos administrativos que se limitan a informar y recomendar, cuya actividad es limitada al carecer de poder coercitivo).

Entiendo que se han de buscar mecanismos capaces de adaptarse a realidad, exentos de la rigidez y falta de flexibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico. Planteo el interés en promover modelos de control del sector público que se alejen de la tradicional burocracia administrativa y se aproximen a las demandas sociales, tales como la lucha contra la corrupción, el despilfarro de recursos públicos, la mediocridad y degradación de los servicios públicos, etc.

 

Dado el acoso administrativo que sufren aquellas personas que destapan este tipo de mentiras, ineficiencias, irregularidades y delitos.,.. quizás pareciera interesante protegerlas y anonimizarlas detrás de un perfil como el expuesto.

 

Este Perfil también podría ser asumido por el Justicia de Aragón, aunque para ello se requiera reformar la institución, de tal forma que su actividad no se limite a dictar una serie de recomendaciones a las que escasamente se les hace caso, sino que también debería de disponer de herramientas coercitivas que favorecieran el buen funcionamiento y buen gobierno de las administraciones públicas.

 

Con ello se podría también dar respuesta a la gran injusticia que supone la lentitud y tardanza de la administración de justicia en resolver casos administrativos y laborales que suponen una auténtica enfermedad en el seno de la actividad de cualquier Institución.

 

 

 

A modo de conclusión y de propuesta para la reflexión...

 

La reforma de las Administraciones Públicas es una necesidad incuestionable si queremos que nuestros hijos y nietos disfruten de los servicios públicos en la cantidad y calidad que deseamos, en una sociedad estructurada en base a los valores de libertad, igualdad y fraternidad.

 

Las Administraciones Públicas no deben de perder la condición de referente social, de modelo de convivencia en la diversidad y de respeto por las leyes, por el progreso, por la naturaleza, por la cultura, por los valores, por el futuro, etc…

 

La imagen de las Administraciones Públicas durante los últimos años se ha ido degradando. Es preciso impulsar a las Administraciones Públicas a reconstruir la confianza, garantizar su legitimidad, reforzar la transparencia y rendición de cuentas y promover la participación ciudadana en el marco del ejercicio de la actividad de las administraciones públicas….

 

Para ello, para lograr el bien común, se requiere progresar hacia unas Administraciones públicas modernas e inteligentes, capaces de asumir las responsabilidades encomendadas, ejecutando y/o haciendo cumplir las políticas establecidas desde el poder político derivado de la democracia representativa, desde la imparcialidad e independencia que debería de tenerse a gala.

 

Es preciso reflexionar sobre los distintos puntos significativos de las problemáticas existentes en las Administraciones Públicas con objeto que entre todos podamos construir un argumentario que nos ofrezca una base para el progreso de la sociedad a partir de la mejora de sus instituciones. Hemos de ser capaces de ofrecer herramientas y criterios constructivos, que hagan reaccionar a la sociedad para salir de su temerario letargo globalizado.

 

Es necesario que las Administraciones Públicas no solo se dediquen a dictar resoluciones, autorizaciones o a ejecutar políticas que pendulan con cada cambio de política. Para la gestión de las competencias del sector público se requiere perspectiva, por lo que se precisa de organismos o de personas que se dediquen a analizar todo el contexto desde una perspectiva global e interrelacionada.

 

Es preciso que se planteeen unos organismos internos o externos (alejados de la política y de la subjetividad) que permitan reflexionar si las medidas que se están adoptando son las más adecuadas o si cabe que estas se actualicen para alcanzar los objetivos establecidos en la definición de las distintas políticas de referencia.

 

No obstante, este cambio sólo es posible si parte de la ciudadanía, ya que la política ha demostrado su incapacidad para ello.

 

En este sentido, hemos de ser conscientes que nosotros como Masonería tenemos un importante papel que jugar para construir el progreso de la sociedad, a través de definir un liderazgo intelectual y apoyar a aquellas iniciativas y a aquellos sujetos que luchamos día a día por conseguir un mundo mejor.

 

 


 

Invitación a la reflexión

Quiero terminar como he empezado este documento. Consideradlo como una invitación a pensar sobre el presente y futuro de la Administración Pública.

 

No he pretendido agotar el tema, sino fomentar el debate y la reflexión colectiva. Seguro que me he dejado muchos aspectos que merece la pena considerar, y así mismo, algunas de mis opiniones pueden ser discutibles. Así mismo, es posible que aparezcan o que yo desconozca la existencia de nuevos avances o teorías que marquen tendencias para la mejora de la Administración Pública y para la sociedad en general.

 

 

“Y que las cosas no se queden en el decir, sino en el hacer.
No se queden en el pensar sino en el construir”.   
Luchemos pacíficamente por el bien de la sociedad.

 

 

No digamos que el mundo puede mejorar….
Formemos parte en la construcción de un mundo mejor.

 

 

He dicho.:

 

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