REFORMAR LA CONSTITUCIÓN.

Desde hace algún tiempo no dejamos de oír voces por todas partes pidiendo ansiosamente la reforma de nuestra constitución. Tras todas ellas se detecta una buena dosis de interés propio y en ningún caso observo que las modificaciones que se pretenden sean en beneficio de la sociedad en general y ni siquiera que el motivo sea el que realmente debería instar a una reforma: nuestra democracia ha alcanzado cierta madurez y es necesario avanzar en ella. Sólo ese argumento es válido para mí.
Si analizamos algunos aspectos de nuestro sistema político podemos darnos cuenta de que realmente es necesario adaptar la Carta Magna a las nuevas necesidades sociales.
Por una parte tenemos un Congreso compuesto por 350 diputados y un Senado integrado por 266 senadores. Sin embargo, todos ellos están sujetos a la disciplina de voto de partido. Es decir, cuando tienen que manifestar su posición respecto a cualquier asunto no exponen su parecer sino el que el partido le impone y aquel que no lo hace es sancionado aun cuando esto va en contra del artículo 67.2 de la Constitución española que prohíbe el mandato imperativo de diputados y senadores. ¿Qué necesidad hay de mantener 616 personas para que emitan su voto según los dictados del grupo al que pertenecen? ¿No es un coste innecesario? Creo que, al menos en el Senado como cámara territorial, nuestros representantes tendrían que luchar por nuestros intereses y no por los del partido en el que se integran. Pero claro, eso sería cortar la mano que les da de comer debido a que “disfrutan” de ese estatus gracias a que su partido lo incluyó en las listas electorales; si su comportamiento no es el adecuado lo eliminan de ella y queda fuera de juego.
Por ello, habría que reformar este sistema representativo de partidos. Lo adecuado en una democracia madura como la nuestra es disponer de listas abiertas en las que los ciudadanos podamos elegir quien nos representa y si no hace bien su trabajo en base a nuestro mandato no sea elegido en los siguientes comicios. Con el sistema actual, se mantendrá en las listas como candidato siempre que sirva bien a su partido que es quien lo elige y no a quien lo vota.
Mediante las listas abiertas, nuestros representantes serían más cercanos a nosotros y más conscientes de nuestros problemas y al final de su mandato realmente rendirían cuentas de su gestión.
Porque no debemos olvidar que el mandato a nuestros políticos debe ser la gestión de la nación y servir a los intereses de la sociedad. Todo aquel que quisiera acceder a la política debería acreditar cierto currículum mediante el que aportara la debida formación y sobre todo la debida experiencia. No se puede permitir que la mayoría de nuestros líderes hayan nacido y crecido en la política sin ninguna experiencia laboral ni haber tenido responsabilidad alguna y que accedan a cargos públicos únicamente porque han servido fielmente a los intereses del partido político al que pertenecen. Por si alguien no lo sabe, todos nuestros políticos reciben magníficos cursos de ventas y oratoria a través de sus organizaciones pero ningún partido político imparte ni exige otra formación encaminada, por ejemplo, a la excelencia en la gestión de recursos. Con esto se demuestra que el único interés que les mueve es conseguir los votos de los ciudadanos para llegar a gobernar, pero nada más. Esto es triste, pero es la cruda realidad. No hay más que ver los debates públicos en los que participan nuestros políticos; sólo son críticas a la gestión del contrario sin aportar nada positivo, cuando todos han tenido oportunidad de llevar a cabo aquello que critican y tampoco lo hicieron en su momento.
Además de todo esto, es importante implementar la Iniciativa Popular Legislativa. Aparece en nuestra constitución pero, lamentablemente, este mandato constitucional no ha sido desarrollado. Tal y como se contempla hoy en España, es un mero derecho de propuesta que no tiene el más mínimo valor, ya que el parlamento puede rechazar su tramitación e incluso en el caso de que se tramite, decide sobre la misma y tiene la posibilidad de modificarla.
En este mismo sentido, es importante que los ciudadanos españoles podamos participar en las decisiones importantes que nos atañen a través de referéndums. Como he dicho, tenemos la suficiente madurez democrática para hacerlo. Sin embargo, actualmente los derechos democráticos de los españoles se limitan a elegir un parlamento cada cuatro años dando un cheque en blanco sin poder exigir responsabilidades de lo que hagan con él.
Ya está bien de que decidan por nosotros absolutamente todo actuando como “padre Estado”, actuando siempre con la excusa ridícula de nuestro beneficio y tratándonos como inútiles y analfabetos políticos. 


E. Carmona

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